Un adolescente de 13 años irrumpió armado en una escuela pública de Río Branco, capital del estado de Acre, y abrió fuego de manera indiscriminada. El saldo fue de dos supervisoras fallecidas y cinco heridos, cuatro de ellos menores de edad. El ataque se suma a una escalada de violencia en los colegios brasileños que ha encendido las alarmas del gobierno. El agresor utilizó una pistola de su padrastro y, por ser alumno del mismo establecimiento, ingresó sin dificultad. Según la Policía Militarizada de Acre, el joven se entregó a los agentes que acudieron al llamado de auxilio, pese a que aún le quedaba munición. Hasta el momento no se ha revelado su identidad ni un posible móvil. El caso actualiza un debate que sacude a Brasil: entre 2001 y 2024 se registraron 42 ataques armados en escuelas, con 38 muertes. El 64% de esos episodios ocurrió entre 2022 y 2024, lo que llevó al gobierno a proponer un proyecto de ley que califica estos crímenes como “hediondos” (atroces) y aumenta las penas de prisión en casi un tercio. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva, crítico de la política de flexibilización del porte de armas impulsada por su antecesor Jair Bolsonaro, ya había anulado varias de esas medidas al asumir su tercer mandato en enero de 2023. El nuevo tiroteo presiona al Congreso para acelerar la tramitación de la ley que busca endurecer las sanciones contra los agresores.
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