Un oficio enviado al Ministerio del Interior, por diputados de Renovación Nacional, exigió al Gobierno aclarar la veracidad de un supuesto millonario contrato asumido por el Servicio Nacional de Migraciones para expulsar a 60 ciudadanos extranjeros ilegales. El hecho, develado por una investigación periodística realizada por CIPER, señala que esta entidad habría firmado un contrato por trato directo, un chárter Santiago-Caracas, para concretar la expulsión de 60 venezolanos. Cabe señalar que el vuelo habría tenido un costo para el Estado de Chile de US$237.218 (poco más de $190 millones). En el documento enviado a través del presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic, se señala que de acuerdo a una resolución exenta del 19 de abril del año en curso, el Servicio Nacional de Migraciones afirma que “hoy sólo se puede realizar expulsiones de ciudadanos en vuelos comerciales, para lo cual se debe solicitar autorización a cada aerolínea, restringiendo los viajes a dos expulsados por cada vuelo comercial, situación que limita el número de expulsiones diarias que se pueden materializar de ciudadanos de dicha nacionalidad”.
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