No faltan hijos, faltan condiciones.

Chile acaba de cruzar un umbral demográfico inquietante. Según cifras provisionales del INE, en 2025 nacieron 146.446 niños y niñas, un 47% menos que en 1993. La tasa global de fecundidad llegó a 0,99 hijos por mujer, la más baja desde que existen registros comparables y muy lejos del nivel de reemplazo generacional de 2,1 hijos por mujer.

La magnitud de la caída ha instalado un debate necesario. Sin embargo, sería un error abordarlo únicamente desde la preocupación por el envejecimiento de la población o la sostenibilidad futura de las pensiones. Antes de preguntarnos cómo aumentar los nacimientos, quizás convenga preguntarnos qué nos está diciendo este fenómeno sobre nuestra sociedad.

Parte de la explicación tiene que ver con una transformación histórica que, lejos de ser un problema, constituye un avance. Durante siglos, la maternidad fue para muchas mujeres más una obligación social que una elección. Hoy las mujeres estudian más años, acceden masivamente a la educación superior, desarrollan proyectos profesionales, viajan, construyen trayectorias propias y cuentan con mayores grados de autonomía para decidir cómo quieren vivir. La maternidad ya no es un destino inevitable, sino, en muchos casos, una opción. Parte de la caída de la natalidad refleja precisamente esa conquista. El problema no es que las mujeres puedan elegir no tener hijos. El problema es que muchas veces tampoco existen las condiciones adecuadas para tenerlos cuando sí desean hacerlo.

La explicación económica aparece entonces con fuerza. El acceso a la vivienda se ha vuelto más difícil, la precariedad laboral persiste y el costo de la crianza aumenta. Pero la experiencia internacional muestra que el dinero, por sí solo, no resuelve el problema. La OCDE ha señalado que las políticas más efectivas para contener la caída de la fecundidad son aquellas que reducen estructuralmente los costos de criar: acceso universal a cuidado infantil, licencias parentales, conciliación entre trabajo y familia y mayores niveles de seguridad económica. Incluso países como Francia o las naciones nórdicas, que han desarrollado estas herramientas durante décadas, siguen enfrentando bajas tasas de natalidad. En Chile, este debate reaparece a propósito de las indicaciones al proyecto de Sala Cuna Universal. El objetivo es correcto: ampliar el acceso al cuidado infantil y eliminar una barrera que históricamente ha afectado a las mujeres trabajadoras. Sin embargo, el mecanismo de financiamiento propuesto abre una contradicción difícil de ignorar: si parte de los recursos provienen del Seguro de Cesantía, se desvestiría un santo para vestir a otro. La pregunta es inevitable. Si una de las principales razones para postergar la maternidad o la paternidad es la incertidumbre económica, ¿tiene sentido debilitar una herramienta de protección frente al desempleo para financiar una política familiar? Una estrategia seria para enfrentar la crisis demográfica no debería obligarnos a elegir entre seguridad económica y apoyo a la crianza.

Pero la baja natalidad no habla únicamente de ingresos. También habla de vínculos. Durante gran parte de la historia, criar fue una tarea compartida. Abuelos, tíos, vecinos, organizaciones comunitarias, iglesias y barrios completos participaban, de una u otra forma, en el cuidado de los niños. Hoy, en cambio, muchas familias enfrentan la crianza prácticamente solas. Las largas jornadas laborales, los tiempos de traslado, la movilidad residencial y el debilitamiento de la vida comunitaria han reducido las redes de apoyo que antes distribuían parte de esa responsabilidad.

La crianza, que siempre fue una tarea social, se ha convertido progresivamente en una carga privada.

Existe además otro dato que suele quedar fuera de la discusión. Mientras la natalidad de la población chilena continúa disminuyendo, una proporción cada vez más importante de los nacimientos corresponde a madres extranjeras. Cerca de uno de cada cinco niños que nacen hoy en Chile es hijo o hija de una mujer migrante. Sin embargo, muchas de estas familias enfrentan empleos precarios, dificultades de acceso a la vivienda y mayores niveles de vulnerabilidad social. La inmigración contribuye a amortiguar la caída demográfica, pero también pone de relieve las carencias de nuestro sistema de protección social.

Por eso, la baja natalidad debe entenderse como parte de una policrisis más amplia. No se trata únicamente de dinero. También se trata de tiempo, estabilidad, comunidad y confianza en el futuro. Tener hijos es, en cierto sentido, una apuesta por el mañana. Y cuando ese mañana aparece marcado por incertidumbre, las guerras, la fragilidad de los vínculos sociales y una creciente sensación de soledad, esa apuesta se vuelve más difícil.

La disminución de los nacimientos no debiera abordarse como un simple problema de reposición demográfica ni como una amenaza para la disponibilidad futura de trabajadores. Los niños no son una respuesta estadística al envejecimiento de la población ni una solución para los desequilibrios del mercado laboral. Son personas que requieren cuidados, tiempo, afectos y condiciones dignas para desarrollarse.

Si existe una lección que deja la experiencia internacional es que las sociedades que mejor enfrentan este desafío son aquellas que comprenden que la crianza no puede recaer exclusivamente sobre las familias, y menos aún sobre las mujeres. Requiere comunidades activas, redes de apoyo robustas y una institucionalidad capaz de acompañar, proteger y compartir los costos materiales y sociales de cuidar. Si la crianza es un bien social, entonces sostenerla también debe ser una responsabilidad social.