El ministro de Vivienda, Iván Poduje, respondió con dureza a los gremios del rubro de la construcción que advirtieron que ampliar el período de garantía de posventa podría encarecer las viviendas. “Me resultan sorprendentes y preocupantes las declaraciones de la Cámara Chilena de la Construcción y la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios”, señaló, y subrayó que la ausencia de esa medida ya ha costado al fisco 1,7 millones de UF en los últimos cinco años por fallas constructivas. Poduje agregó que pronto deberán pagar otros tres millones de UF, y cuestionó la falta de autocrítica del sector. “Encuentro increíble que no haya autocrítica de la industria”, afirmó, y pidió “más empatía” hacia las familias afectadas. El ministro apuntó directamente a la calidad de las viviendas sociales, en un contexto donde las reparaciones han significado un gasto fiscal creciente. El choque entre el gobierno y los gremios refleja una tensión clave: mientras las constructoras alertan sobre mayores costos para los compradores, Poduje sostiene que el verdadero costo recae en el Estado y, en última instancia, en los contribuyentes. La discusión ocurre en medio de una crisis de confianza en el sector inmobiliario, con miles de familias damnificadas por defectos en sus hogares.
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