La acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau enfrenta un escenario incierto en la Cámara de Diputados, con tres factores que marcan su tramitación: la libertad de acción que Renovación Nacional (RN) otorgó a sus diputados, la elección de la exministra de Minería de Gabriel Boric, Marcela Hernando, como presidenta de la comisión revisora, y las críticas de la oposición que apuntan al Ejecutivo como impulsor político del libelo. RN optó por dar libertad de acción a sus diputados tras un almuerzo de casi dos horas donde se evidenciaron diferencias internas. El jefe de bancada, Diego Schalper, comunicó la decisión unánime. Desde el partido reconocen que una postura obligatoria era inviable y podía provocar la salida de algunos parlamentarios. La vicepresidenta de la Cámara, Ximena Ossandón, ya había anticipado ese escenario. La comisión que revisará la acusación eligió por unanimidad a Marcela Hernando como presidenta. Hernando fue ministra de Minería durante el gobierno de Boric. La instancia comenzará sus sesiones el próximo lunes en Valparaíso, según adelantó la propia diputada. Desde la oposición, parlamentarios como Nelson Venegas (PS) y Daniel Manouchehri (PS) sostienen que la acusación tiene un impulso político desde el Ejecutivo. «Esto viene desde La Moneda», afirmó Venegas. Matías Fernández (FA) agregó que el gobierno del Presidente José Antonio Kast «patrocina este tipo de medidas, sin decirlo públicamente». El libelo acusa a Grau de vulnerar deberes constitucionales en la gestión de las finanzas públicas.
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