El fiscal judicial de la Corte Suprema, Jorge Pizarro, intensificó la presión sobre notarios, conservadores y archiveros judiciales al exigir el pago de fianzas y la presentación de declaraciones de intereses y patrimonio, pese a que el reglamento de la nueva ley aún no está publicado. En un oficio del 28 de mayo, Pizarro calificó como “irrelevante” la falta de reglamento y ordenó aplicar la fórmula del Código Orgánico de Tribunales para calcular las cauciones. La medida afecta también a los auxiliares más antiguos, quienes deberán rendir la fianza ante el Ministerio de Justicia dentro de los 30 días siguientes a la asunción del cargo, bajo sanción de vacancia. Pizarro instruyó a los fiscales judiciales de las cortes de apelaciones a fiscalizar el cumplimiento de estas obligaciones, con el objetivo de mantener un registro nacional de cumplimiento. El gremio notarial había argumentado que la exigencia debía esperar la publicación del reglamento de la Ley N°21.772, pero Pizarro desestimó esa postura. La arremetida del fiscal busca regularizar un sistema que, según sus primeras fiscalizaciones, presentaba falencias en ambas obligaciones legales, generando ruido en el sector registral y notarial chileno.
Síguenos en:
Suscríbete al boletín:
Suscribete Gratis
