El integrante de la Comisión de Educación y parlamentario del Partido Nacional Libertario destacó que la tranquilidad en las aulas es el “piso mínimo” para abordar la salud mental y el acoso escolar que hoy preocupa a las familias chilenas.
Tras conocerse los resultados del informe Claves Ipsos, que reveló que el acoso escolar sigue siendo la mayor preocupación de los padres por sobre otras amenazas como tiroteos, el diputado del Partido Nacional Libertario, Germán Verdugo, reafirmó la importancia de la agenda de seguridad que se está impulsando en el ámbito educacional.
Pese a que el estudio destaca que el 54% de la ciudadanía considera el apoyo psicológico como la medida más efectiva contra la violencia, el parlamentario —quien integra la Comisión de Educación de la Cámara— enfatizó que el resguardo de las comunidades es un requisito indispensable para que cualquier intervención de salud mental tenga éxito.
«De acuerdo a mi experiencia, después de haber administrado 49 establecimientos educacionales en una comuna, estoy convencido que la seguridad en los establecimientos educacionales es fundamental para llevar a cabo el proceso educativo», señaló el legislador.
Para Verdugo, el debate legislativo debe garantizar la estabilidad diaria del entorno de aprendizaje, ya que «la seguridad le da la tranquilidad a los profesores y a sus alumnos para desarrollar esta actividad que es fundamental en el proceso educativo. Yo creo que es importante, por cierto, los problemas de salud mental que se pueden dar, pero sin seguridad no hay protección y no hay tampoco la posibilidad de realizar el proceso educativo de tal manera que cumplan el objetivo que es hacer mejores personas a través de la educación».
En el marco de la discusión en el Congreso, el diputado Verdugo defendió las iniciativas lideradas por el Gobierno, argumentando que las herramientas para sancionar la violencia y proteger a los estudiantes son la base para recuperar la convivencia escolar. Además, si bien el acoso escolar es la prioridad para los apoderados —como indica Ipsos—, este fenómeno no se puede combatir eficazmente si los establecimientos carecen de un entorno protegido y de autoridad administrativa reforzada.
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