La derecha logra atenuar la redacción original, que hablaba de «negligencia inexcusable» del ministro de Vivienda, obteniendo ocho votos a favor y cinco en contra en la comisión investigadora. El informe también señala cuestionamientos a Miguel Crispi, jefe de asesores presidenciales, a Javiera Martínez, directora de Presupuestos, y a la exsubsecretaria Tatiana Rojas, asignándoles responsabilidades administrativas y penales.
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