Chile se ubicó en el último lugar en comprensión lectora entre 31 naciones evaluadas según el informe PIAAC 2023 de la OCDE. Casi la mitad de los adultos chilenos no alcanza las competencias mínimas para leer un texto simple, resolver operaciones matemáticas básicas o enfrentar un problema cotidiano. Esta carencia es aprovechada por políticos inescrupulosos conscientes que la ciudadanía es muy vulnerable frente a la desinformación, la manipulación y el autoritarismo.
La convivencia y la democracia están en peligro y continuarán estándolo porque la respuesta del sistema ha sido más de lo mismo: reforzar matemáticas y lectura como si acumular horas de clase bastará. Lo ocurrido en las últimas semanas en diversas escuelas chilenas revela que la crisis es más profunda. Los profesores violentando a estudiantes por pensar diferente y expresarlo en la sala de clases no son hechos aislados, sino síntomas de un modelo educativo que privilegia la obediencia por sobre el pensamiento crítico, la disciplina rígida por sobre el diálogo, la imposición de contenidos por sobre la formación de ciudadanos libres. Cuando el aula se convierte en un espacio donde disentir se castiga con violencia, la educación fracasa en su misión esencial: formar personas capaces de vivir en comunidad democrática.
Mientras tanto, en otras latitudes se discute en clave de futuro. Dinamarca, por ejemplo, promueve y fomenta la empatía y entiende que leer no es una obligación escolar, sino un placer cultural que debe estar al alcance de todos. Al mismo tiempo, decidió prohibir el uso de teléfonos móviles en colegios y clubes extraescolares, no para retroceder, sino para recuperar la atención, la conversación cara a cara y el sentido de comunidad. Allí la educación se concibe como un derecho universal, gratuito y de calidad, donde el aprendizaje por proyectos, la participación estudiantil y el bienestar socioemocional tienen tanto peso como la aritmética o la gramática.
En Chile, en cambio, llevamos casi 15 años sin modificar el currículum escolar, mientras que en los países de la OCDE con mejores resultados los procesos de actualización se realizan periódicamente, a partir de los cinco años y nunca superando los diez años. La diferencia es clara: mientras allá se actualiza pensando en los cambios sociales, tecnológicos y culturales, aquí seguimos entrampados en disputas ideológicas. Lo más grave es que en nuestro país el currículum y la educación han sido históricamente una batalla política en la que niñas, niños y jóvenes rara vez han estado en el centro. Cada reforma se mira como una oportunidad para imponer visiones, no como un esfuerzo por dar mejores herramientas de vida a quienes más lo necesitan.
El reciente rechazo del Consejo Nacional de Educación a la propuesta de nuevo currículum presentada por el Ministerio vuelve a mostrar esa fractura. Lo cierto es que seguimos discutiendo cuál es la intención ideológica respecto de qué materias entran o salen, cuántas horas se imparten y con qué énfasis, pero ignoramos lo verdaderamente esencial: el clima en las aulas, la capacidad de diálogo, el respeto por la diversidad de opiniones y el bienestar de las comunidades educativas.
La pregunta es incómoda: ¿queremos un sistema que prepare a los estudiantes para repetir información, callar y obedecer en la sala de clases y después en la vida laboral o uno que los impulse a pensar, disentir y construir en común? Atrevámonos a proponer qué hay que sacarle al currículum y no cuanto agregarle, a darle libertad curricular a directivos y docentes en vez de agobiarlo con exigencias pedagógicas y administrativas.
En definitiva, erradiquemos la batalla ideológica de la educación y atrevámonos a creer en las escuelas, sus directivos, docentes y profesionales de la educación a través de un proceso de desregulación para terminar con el centralismo del Ministerio de Educación de tal manera que florezcan iniciativas en las aulas beneficiando a niñas, niños y jóvenes.
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