La comisión especial investigadora sobre el otorgamiento de pensiones de gracia a víctimas del estallido social (CEI 26), aprobó las propuestas y conclusiones incluidas en el informe elaborado por diputados de oposición. Durante el debate, el diputado Boris Barrera (PC) sostuvo que al respaldar el informe se cuestionan otras pensiones. Agregó, en ese sentido, que se ponen en riesgo aquellas como la de los ex mineros de Lota o portuarios que han tenido condenas anteriores. Desde este punto de vista, consideró que se deben analizar todas las pensiones de gracia. “Hay violadores de derechos humanos que cometieron muertes y que tienen pensiones financiadas por el Estado y que son heredables”, puntualizó. El diputado Mauricio Ojeda (IND), en tanto, recordó que en la Región de La Araucanía se han violado los derechos humanos de manera constante. Manifestó no estar disponible con su voto para beneficiar a un delincuente que “patea la cabeza a un carabinero o intenta incendiar una caseta”. Gustavo Alessandri (UDI) precisó que la comisión investigó las pensiones de gracia entregadas en el contexto del estallido y no de las pensiones en general. A su juicio, estas pensiones de gracia son un “premio” que da el Estado con plata pública.
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