El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) enfrenta una nueva controversia tras un informe de la Contraloría General de la República que reveló la contratación de 16 personas con antecedentes penales para trabajar en el Censo de Vivienda 2024. A esto se suma que 14 extranjeros no habilitados para trabajar en el país también fueron contratados por el organismo para el mismo censo. El caso ya escaló al Ministerio Público. Frente a las observaciones del ente fiscalizador, el INE informó que el 13 de marzo de 2026 instruyó un sumario administrativo contra los 16 censistas con antecedentes penales, que representan el 0,04% del total contratado. Además, presentó las denuncias respectivas ante la Fiscalía, las cuales se encuentran en investigación. Paralelamente, el sumario indaga la eventual responsabilidad administrativa por la contratación de los 14 extranjeros no habilitados (0,03% del total). El INE aseguró que mantiene un control permanente sobre las medidas adoptadas y que ya reportó a la Contraloría. Como organismo técnico, también presentó el 18 de marzo una solicitud de reconsideración legal sobre observaciones vinculadas a cobro de multas, censistas sin respaldo y arrendamientos. La transparencia y el uso de recursos públicos están en el centro de la polémica, mientras la Fiscalía investiga las denuncias.
Síguenos en:
Suscríbete al boletín:
Suscribete Gratis
