El exdiputado Joaquín Lavín León enfrenta una nueva formalización que eleva la tensión en el caso. La Fiscalía Metropolitana Oriente lo imputa, junto a otras dos personas, por la venta ilegal de acceso a datos personales de casi todos los chilenos. Según expuso el ente persecutor ante el 7° Juzgado de Garantía, un asesor de Lavín comercializaba el acceso a millones de datos a través de una plataforma llamada SocialTazk. En esa herramienta se podía acceder al nombre, RUT, sexo y domicilio de más de 15 millones de chilenos del padrón electoral del Servel. Los datos, que aparte del nombre no son públicos, habrían sido obtenidos en el contexto de su militancia política. La plataforma era vendida principalmente a diputados y candidatos de la UDI, quienes podían alimentar la información de cada chileno para crear perfiles de electores. La empresa que operaba SocialTazk emitió 394 facturas entre 2018 y 2025 por un total de 205 millones de pesos. Además, se habrían desviado fondos del Congreso para financiar el funcionamiento de la plataforma. Lavín, que renunció a la UDI en octubre de 2024 tras estallar el caso, deberá seguir preso al menos hasta el 31 de julio, fecha en que se revisarán sus medidas cautelares. El caso remece al mundo político y abre interrogantes sobre la protección de datos personales en Chile. La venta de información del padrón electoral, manejado por el Servel, expone un negocio que mezcla política y finanzas, con potencial impacto en la confianza ciudadana y en futuras regulaciones sobre privacidad.
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