El 17° Juzgado de Garantía de Santiago dictaminó la disolución de la Fundación Democracia Viva, involucrada en un escándalo político en junio pasado. La fundación, dirigida por Daniel Andrade, firmó tres convenios con la Seremi de Vivienda de Antofagasta, liderada por Carlos Contreras, para proyectos cuestionables en la región. Ambos enfrentan cargos por fraude al Fisco. El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una demanda que resultó en la cancelación de la personalidad jurídica de Democracia Viva. Se comprobó que la fundación incumplió sus estatutos, no aplicó procedimientos de reemplazo de directores, y sus sesiones eran irregulares. Además, el aporte social se destinó principalmente a la constitución de la fundación en lugar de cumplir con su objetivo. Los convenios, por un total de $426 millones, no guardaban relación con el fin social de la organización. Se destacó la ambigüedad del objeto social de la fundación, careciendo de definiciones concretas. Este caso resalta la importancia de la transparencia y el cumplimiento de los estatutos en las organizaciones civiles.
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