En medio de la celebración del We Tripantu en Temuco, el director de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), Ignacio Malig, salió a despejar dudas sobre la reforma a la Ley Indígena. Su mensaje fue directo: las modificaciones no afectarán la propiedad de las tierras indígenas. «No se van a poder vender», afirmó, buscando calmar la incertidumbre que ha generado el proyecto en las comunidades. Malig explicó que el objetivo de la reforma no es desproteger las tierras, sino abrir oportunidades de desarrollo para los pueblos originarios. «Lo que queremos es darle la posibilidad a la gente para que pueda desarrollarse», señaló, sin entrar en detalles específicos sobre los cambios que se propondrán. El subsecretario de Servicios Sociales, Alejandro Fernández, calificó el proceso como «el inicio de un diálogo social, un diálogo político» con comunidades, alcaldes y otros actores vinculados al tema indígena. La declaración se produce en un contexto de alta sensibilidad en La Araucanía, donde el uso y la propiedad de la tierra son temas centrales. Para el mundo empresarial y agrícola, cualquier señal de modificación legal genera alertas sobre posibles impactos en la inversión y la seguridad jurídica. La promesa de que las tierras no podrán venderse refuerza la protección actual, pero deja abierta la pregunta sobre qué nuevos mecanismos de desarrollo se implementarán y cómo afectarán a los mercados locales.
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