La Corte Suprema encendió las alarmas sobre el proyecto de ley de Reconstrucción Nacional impulsado por el gobierno de José Antonio Kast. En un informe enviado a la Cámara de Diputados, el pleno del máximo tribunal, encabezado por su presidenta Gloria Ana Chevesich, señaló que la iniciativa requiere «ajustes relevantes» para evitar vacíos legales que podrían paralizar su eficacia. El análisis se centró en las modificaciones al sistema de evaluación ambiental, en particular los artículos 13 N°6, 16, 18 y 19 de la normativa vigente. La Corte cuestionó la falta de «precisión técnica» en la creación del artículo 24 ter de la Ley N°19.300, advirtiendo que no define si introduce una regla excepcional o un cambio general. Además, criticó la omisión de reglas sobre quiénes pueden presentar acciones legales (legitimación activa), lo que generaría «incertidumbre jurídica» y anularía la reforma. Uno de los puntos más controvertidos es el mecanismo de restitución de gastos para titulares de proyectos cuya Resolución de Calificación Ambiental (RCA) sea anulada judicialmente. El proyecto establece que el Estado debe devolver los gastos acreditados si un tribunal anula un permiso tras el inicio de obras.
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