El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago cerró la investigación por la polémica compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende, tras la decisión del Ministerio Público de no perseverar en el caso. El proceso, que provocó la salida de la exministra de Defensa Maya Fernández y de la exsenadora Isabel Allende, quedó así sin acusación formal. La resolución generó reacciones opuestas. El abogado querellante Raimundo Palamara criticó la medida, señalando que «con esto finalmente quedaron impunes todos quienes operaron en esta operación inconstitucional». En contraste, Paula Vial, abogada defensora de la familia Allende, valoró el cierre y afirmó que «ratifica lo que afirmamos desde el primer momento: aquí no hubo delito alguno». El caso se originó a inicios de 2025, cuando el Ministerio de Bienes Nacionales intentó adquirir el inmueble de calle Guardia Vieja 392 para convertirlo en museo. La controversia surgió porque las beneficiarias de la operación eran Maya Fernández e Isabel Allende, esta última parlamentaria, lo que contravenía la prohibición constitucional de que congresistas celebren contratos con el Estado.
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