La comisión de Educación de la Cámara de Diputados continuó este martes la tramitación del proyecto que modifica el Sistema de Admisión Escolar (SAE), en medio de fuertes críticas de gremios y organizaciones. La Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Educación (ANDIME) advirtió que la iniciativa presenta “varios vicios de constitucionalidad” y que “tiene iguales o más graves vulneraciones a derechos fundamentales que el proyecto de Escuelas Protegidas”. La presidenta del gremio, María Beatriz Fuenzalida, señaló que el proyecto infringe la igualdad y la prohibición de discriminación, y que no existe en el derecho internacional un derecho de las escuelas a elegir. Por su parte, la presidenta de la Fundación Down 21 Chile, Irma Iglesias, cuestionó el sistema de cuotas del 10% para estudiantes con discapacidad, señalando que “que nos estén colocando cuotas del 10%, eso no es inclusión, porque tiene techo”. Además, advirtió que el nuevo mecanismo de admisión paralelo podría eliminar la “ceguera” del actual sistema, que había permitido que niños con síndrome de Down no fueran discriminados. La ministra de Educación, María Paz Arzola, presente en la sesión, acogió algunas observaciones: reconoció que la redacción del porcentaje de inclusión debía explicitar que es un piso mínimo (“a lo menos”) y manifestó apertura a recibir sugerencias sobre los criterios de prioridad, como la distancia, para evitar reproducir la segregación territorial.
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