Las municipalidades chilenas enfrentan un desbalance crítico en la gestión de residuos. En 2024, gastaron US$ 747 millones en servicios de aseo, recolección, transporte y disposición de basura, pero apenas recaudaron US$ 197 millones por derechos de aseo domiciliario. Esto significa que solo cubren el 26% de sus costos, según datos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo de octubre de 2025. El cobro por derechos de aseo representa apenas un 5,7% del total de ingresos municipales, muy por detrás de lo que perciben por contribuciones (30,7%) o patentes (25,4%). La situación es aún más grave si se considera que, según la ‘Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos, Chile 2040’ del Ministerio del Medio Ambiente, solo 29 de las 345 comunas del país logran generar más ingresos por este concepto que los costos que incurren. Este déficit estructural ocurre en medio de la polémica por la exención de contribuciones, que podría agravar las finanzas locales. La brecha entre gasto y recaudación no solo presiona los presupuestos municipales, sino que también limita la inversión en infraestructura y servicios para los ciudadanos. El desafío de cerrar esta brecha es clave para la sostenibilidad financiera de los municipios y la calidad del servicio de aseo.
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