La segunda etapa de la Ley de las 40 horas, que redujo la jornada ordinaria de 44 a 42 horas semanales, entró en vigencia este lunes 27 de abril de 2026. El ajuste, parte de una implementación gradual que culminará en 2028 con las 40 horas, reactivó el debate sobre sus efectos en costos, empleo y productividad. Expertos y gremios advierten que esta fase representa un impacto mayor que la inicial. El director del Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales, David Bravo, señaló a El Mercurio que la reducción implica un incremento de 4,8% en los costos laborales, ya que los trabajadores mantienen sus remuneraciones con dos horas menos. «Preocupa el golpe que esto implica en el empleo sin que haya aumentado la productividad, que continúa muy estancada», afirmó. Juan Bravo, director del OCEC-UDP, coincidió y agregó que el efecto será relevante en ocupaciones donde la disponibilidad es clave, como atención al público, vigilancia o transporte. Desde el comercio, la presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), María Teresa Vial, sostuvo que las empresas han debido rediseñar procesos, turnos y dotaciones. «La reducción de jornada no reduce costos: los redistribuye y, en muchos casos, los aumenta», afirmó. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), José Pakomio, recordó que el 96% del comercio son pymes, por lo que el impacto es especialmente sensible. Ambos gremios llamaron a perfeccionar los mecanismos de adaptabilidad laboral.
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