La Presidencia de la República se suma a la ola de austeridad fiscal ordenada por el gobierno de José Antonio Kast, con un recorte presupuestario del 3% que suma $706.531.000 y que ya ha significado desvinculaciones de personal. El ajuste, exigido por el Ministerio de Hacienda liderado por Jorge Quiroz a todas las reparticiones públicas, refleja la tensión interna que genera esta política, donde algunas entidades como el Ministerio de Seguridad Pública de Trinidad Steinert lograron exenciones, mientras otras como Salud, bajo May Chomalí, buscan rebajas menores. Los mayores recortes provienen de las transferencias corrientes, con $300 millones menos destinados específicamente a honorarios por ‘apoyo a actos presidenciales’, que incluyen puestas en escena en La Moneda y actividades en giras regionales. En gasto de personal, la rebaja es de $238.305.000 (un 2,2% de esa glosa), afectando a funcionarios a planta, contrata y honorarios. Además, se ajustan $116.913.000 en adquisición de activos como equipos informáticos y maquinaria, y $51.313.000 en gastos operacionales. Este movimiento es parte de la promesa de campaña de Kast de recortar US$6.000 millones en todo el Estado, un objetivo que ahora choca con la realidad operativa de los ministerios. La medida no solo impacta la capacidad logística de la Presidencia para eventos públicos, sino que también señala un endurecimiento fiscal que podría afectar servicios y proyectos en otras carteras, generando incertidumbre sobre el cumplimiento de metas gubernamentales sin afectar áreas críticas.
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