El gobierno del Presidente José Antonio Kast ha roto con una política estatal de años al no oponerse a que condenados por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura salgan de prisión. Según abogados y funcionarios del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, la administración ha instruido en al menos cuatro casos no alegar contra peticiones de libertad de reclusos del expenal Punta Peuco, quienes invocan problemas de salud o edad avanzada. Esto incluye a César Manríquez, condenado por secuestro calificado, y a otros como Héctor Osses y Jorge Mandiola, donde el programa se inhibió o desistió de apelaciones. El giro comenzó tras la salida de la directora del Plan Nacional de Búsqueda, Paulina Zamorano, y coordinadoras en marzo, seguida por la renuncia del coordinador jurídico Pablo Fuenzalida en abril. La jefa del programa, Constanza Garrido, emitió las instrucciones, generando desconcierto interno, ya que contradecían la oposición histórica a beneficios para estos condenados. Funcionarios y la Asociación de Funcionarios de la Subsecretaría de DD.HH. han expresado alarma, señalando que esto crea una vía para eludir cárcel efectiva.
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