“Yo soy testigo en este caso, no acusado. No me voy a ir, no voy a renunciar. En el MOP no hay delincuentes”, fueron parte de las declaraciones que hizo este jueves, el Ministro de la Vivienda, Carlos Montes, tras el mediático allanamiento que realizó la PDI a las oficinas del MINVU. El hecho, que causó sorpresa en el propio secretario de Estado, ya que no fue informado de ello, duro una cuatro horas y obedecía a una orden de investigar emanada por la Fiscalía de Tarapacá, en el marco de las investigaciones por el “Caso convenios”. El mismo proceso judicial se llevó a cabo en las dependencias del Serviu en otras regiones del país. De acuerdo a la Fiscalía, el procedimiento se ejecutó “con el objeto de incautar todos los antecedentes físicos y digitales relacionados con las fundaciones En Red Social, Arquiduc y Enlace Urbano, entidades involucradas en transferencias realizadas entre la Seremi de Vivienda de Tarapacá y dichas fundaciones, las que suman unos $1.800 millones de pesos”. La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, señaló que la diligencia policial, “responde a una denuncia que el mismo ministro Montes interpuso contra un exfuncionario del ministerio, que renunció cuando nosotros asumimos como Gobierno”. Por su parte, frente a quienes exigen su salida, Carlos Montes aclaró que “no renunciara y se quedará a aclarar las cosas”.
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