Un dictamen de la Contraloría General de la República detectó irregularidades en el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) durante la contratación de personal para el Censo de Población y Vivienda 2024. Entre las fallas, se identificó que 16 personas con antecedentes penales por delitos como estafa, robo y tráfico de drogas fueron contratadas, además de extranjeros sin autorización laboral, uno con orden de expulsión vigente. El informe reavivó el debate sobre la responsabilidad del entonces ministro de Economía, Nicolás Grau, quien ya enfrenta una acusación constitucional en el Congreso. El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, calificó los hechos como graves y señaló que corresponde investigar hasta las últimas consecuencias, recordando que el diseño, licitación e implementación del censo ocurrieron durante la administración anterior. En tanto, la exministra del Interior Carolina Tohá defendió a Grau, argumentando que en un proceso con más de 20.000 contrataciones los ministros no realizan chequeos individuales y que Mas debería priorizar propuestas relevantes. Desde el Congreso, diputados de distintos sectores exigieron esclarecer las responsabilidades. Felipe Ross (Republicanos) apuntó a una descoordinación estatal durante el gobierno de Gabriel Boric, mientras que Omar Sabat (IND-UDI) y Germán Verdugo (PNL) pidieron investigar a fondo.
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