El proyecto Escuelas Protegidas, que habilita la revisión de mochilas y bolsillos en colegios, superó un nuevo filtro en el Senado y avanza a tercer trámite constitucional. La iniciativa, impulsada por el Gobierno, fue aprobada en particular este martes, pero no sin tensiones: se eliminó una indicación que exigía motivos fundados para los controles, lo que abrió críticas por posibles riesgos de discrecionalidad. Durante la votación, los senadores respaldaron normas que permiten solicitar a los alumnos vaciar sus bolsillos sin contacto físico y requerir presencia policial si un estudiante se niega a la inspección. Sin embargo, rechazaron una indicación del Ejecutivo que obligaba a los sostenedores a demandar civilmente a apoderados por daños graves a la infraestructura escolar, en un plazo de 20 días hábiles, bajo amenaza de falta grave. Senadores como Gustavo Sanhueza (UDI) cuestionaron el costo económico de judicializar estos casos. El punto más controvertido fue la eliminación de la enmienda de la senadora Yasna Provoste (DC), que prohibía revisiones basadas en características personales de los estudiantes. La mayoría de la sala optó por una versión más amplia de las facultades de control, generando alertas sobre posibles abusos. El proyecto ahora vuelve a la Cámara de Diputados, donde se espera un debate que equilibre seguridad escolar, convivencia y derechos estudiantiles.
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