La Cámara de Casación, máximo tribunal penal argentino, confirmó este viernes la confiscación de todos los bienes de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, y el empresario Lázaro Báez. La medida busca restituir al Estado casi 685.000 millones de pesos argentinos (unos 440.000 millones de pesos chilenos) por los perjuicios causados en el caso de corrupción conocido como «Vialidad». Los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña rechazaron por unanimidad los recursos de las defensas, ratificando lo dispuesto en julio pasado por el Tribunal Oral Federal 2. El fallo establece que «los bienes de origen ilícito pueden ser decomisados aun cuando hayan sido transferidos a terceros o heredados». Los abogados de Fernández habían pedido un rastreo exhaustivo del dinero, pero los magistrados lo descartaron por considerarlo «materialmente imposible». En caso de no pagar la suma en diez días, se iniciará la ejecución de bienes mediante subasta pública. Los activos incluyen millones de dólares en efectivo, 213 propiedades, seis sociedades, 111 apartamentos y vehículos. La expresidenta declaró un patrimonio de solo 250 millones de pesos argentinos (unos 160 millones de pesos chilenos), ya que transfirió gran parte de sus bienes a sus hijos como anticipo de herencia.
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