Una pena de 10 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo, pidió este miércoles la Fiscalía Regional de Antofagasta, para la desaforada diputada Catalina Pérez, su expareja, Daniel Andrade; el exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras; la exconcejal Paz Fuica; y otras tres personas, en el marco del caso Democracia Viva. Tras el cierre de la investigación de las aristas Democracia Viva, Fusupo, Tomarte y Fibra del denominado caso convenios, el ente persecutor presentó acusaciones contra siete personas. Además, se pidió una “multa de la mitad del perjuicio causado, inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena”. Junto con ello, el ente persecutor solicitó la “inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos, empleos, oficios o profesiones en empresas que contraten con órganos o empresas del Estado o con empresas o asociaciones en que éste tenga una participación mayoritaria; o en empresas que participen en concesiones otorgadas por el Estado o cuyo objeto sea la provisión de servicios de utilidad pública y costas”. Paralelamente, la Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió el recurso de apelación presentado por la defensa de la desaforada diputada, en el marco de la cautelar por Caso Convenios y decretó su arresto domiciliario nocturno.
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