Contraloría General de la República (CGR) ha confirmado irregularidades en los convenios entre Fundación Daya y varios municipios, relacionados con un programa de cannabis medicinal que prometía suministrar fármacos a pacientes oncológicos y con epilepsia, entre otras patologías. Según un informe, de los 14 municipios involucrados, sólo dos recibieron las dosis completas prometidas, y once no recibieron nada. Además, se descubrió que el laboratorio que fabricaba el medicamento carecía de los permisos necesarios del Instituto de Salud Pública (ISP). La fundación, dirigida por la diputada Ana María Gazmuri y su esposo Nicolás Dormal, recibió cerca de 380 millones de pesos de fondos públicos. La Contraloría ha enviado los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para una posible acción legal, y ha iniciado un proceso sumarial para identificar responsabilidades administrativas.
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