A menos de tres semanas del plazo final para regularizar certificaciones, más de 33 mil guardias de seguridad privada —cerca del 10% del sector— podrían quedar sin empleo. La nueva Ley de Seguridad Privada exige que tanto trabajadores como empresas completen un proceso de acreditación antes del 28 de mayo, pero problemas operativos en la plataforma y en los sistemas de evaluación han generado un cuello de botella que amenaza con dejar fuera de funciones a miles de personas en bancos, hospitales, centros comerciales y eventos masivos. La subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Quintana Victoria, reconoció las dificultades: “La gente no tuvo la posibilidad de encontrarse acreditados y certificados para poder ejercer sus funciones al 28 de mayo. Lo mismo ocurría con las empresas: solo tres de 3.700 lograron subir sus estudios de seguridad”. Aldo Vidal, representante de la Cámara Nacional de Seguridad Privada, agregó que las oficinas de OS-10 de Carabineros —encargadas de tomar los exámenes— no dan abasto: “Tienen que tomar 70, 100 o 200 exámenes, y tienen dos computadores para llevar adelante esa tarea”. Frente a la inminente salida masiva de trabajadores, el Gobierno ingresó una ley corta para extender el plazo. La iniciativa ya comenzó su tramitación en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados. De no aprobarse a tiempo, la industria —que reúne a más de 300 mil personas a nivel nacional— podría sufrir una contracción significativa, afectando la seguridad de recintos críticos y generando un impacto en el empleo del sector.
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