En la Operación Renta 2024, debutó una nueva declaración jurada para actualizar las obligaciones sobre bienes raíces arrendados, buscando mayores ingresos para el Fisco. Esta medida se incluyó en la ley que reduce exenciones tributarias, destinada a financiar la Pensión Garantizada Universal (PGU). La ley exige que personas con más de dos viviendas económicas DFL-2 tributen por ingresos de arriendo a partir de la tercera propiedad. También eliminó exenciones para personas jurídicas. Como resultado, la cantidad de contribuyentes declarando ingresos por arriendos aumentó un 356%, alcanzando los 116.445, comparado con 25.000 en 2023. Los montos declarados se elevaron de $445.726 millones a $1.102.304 millones. La subdirectora de Fiscalización del SII, Carolina Saravia, destacó el cumplimiento esperado, afirmando que la nueva herramienta facilitó el proceso, promoviendo un pago justo y equitativo de impuestos. El cambio legal impactó en la tasa del Impuesto Global Complementario para el 44% de los declarantes.
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