Ocho querellas criminales fueron presentadas contra el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje; el seremi de Vivienda de Valparaíso, Marcelo Ruiz; y el director del Serviu regional, Rodrigo Muñoz, por parte de familias damnificadas por el megaincendio que afectó a Viña del Mar en 2024. Los vecinos del sector El Olivar acusan irregularidades en la reconstrucción, señalando que la paralización de obras y el término de contratos se basaron en documentos falsos, con el objetivo de respaldar órdenes de demolición de viviendas sociales. El abogado de las familias, Juan Andrés Pavez, imputa los delitos de prevaricación administrativa reiterada, falsificación de instrumento público y uso malicioso de instrumento público. Según Pavez, las autoridades pretenden demoler 170 viviendas sociales argumentando supuestas fallas constructivas, pese a que las casas tienen un avance del 95% al 98%. Entre los afectados hay adultos mayores, personas con discapacidad, pacientes con cáncer y menores de edad, que viven como allegados mientras esperan la entrega. Pavez cuestionó la decisión de demoler, afirmando que informes técnicos del IDIEM y el Premio Nacional de Arquitectura Cristian Castillo no recomiendan esa medida.
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