Un nuevo estudio del Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales, liderado por David Bravo, advierte que la implementación restrictiva de la Ley Uber podría dejar fuera de las plataformas a 102 mil de los 136 mil conductores activos registrados en mayo de 2026. La cifra representa un 75% del total y se dispara si se considera el universo de 550 mil personas que trabajaron al menos un mes en los últimos tres años: 479 mil no habrían podido operar. El análisis, que se presentará la próxima semana, llega en medio de la discusión por el reglamento de la ley, luego de que la Contraloría rechazara modificaciones del Ministerio de Transportes por falta de fundamentos. Bravo señala que el requisito de que los vehículos tengan menos de 10 años excluiría al 35% de los conductores actuales, con impactos severos en regiones como Arica (83%) y Tarapacá (76%). A esto se suma la exigencia de licencia profesional, que dejaría fuera entre el 75% y el 80% de los conductores. Para Bravo, el problema no es solo regulatorio sino laboral: las plataformas han crecido a tasas de dos dígitos en un mercado laboral estancado, y los ingresos netos por hora casi triplican el salario mínimo.
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