El caso de Plusspay, plataforma de criptomonedas vinculada al Tren de Aragua según reportes de prensa, ha dejado al descubierto una brecha regulatoria clave en Chile: estar “inscrito” en el registro de la CMF no es lo mismo que estar “autorizado” para operar. La empresa, cuyo dueño es el venezolano José Manuel Ríos Guaidó, habría estado ligada a los detenidos de la Operación Tokio, imputados por lavar cerca de $75 mil millones entre 2022 y 2025. El 13 de junio, Plusspay informó a sus clientes que sus cuentas estaban congeladas por orden del Ministerio Público y suspendió sus operaciones. Inversiones Plusservice Spa, la sociedad detrás de Plusspay, figura inscrita en el Registro de Prestadores de Servicios Financieros de la CMF desde el 2 de enero de 2024, pero nunca obtuvo la autorización definitiva para prestar servicios. La Ley Fintech, publicada en 2023, establece un proceso de dos etapas: primero una inscripción formal (que verifica identidad y capacidad legal) y luego una autorización sustantiva (que evalúa idoneidad operacional, gestión de riesgos y capital). Sin embargo, la norma transitoria permite a empresas que ya operaban antes de la ley seguir haciéndolo mientras la CMF resuelve sus solicitudes. Al cierre de 2024, de 445 solicitudes de inscripción, 67 estaban inscritas, 129 fueron rechazadas y 249 seguían en proceso.
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