La ministra de Educación, María Paz Arzola, justificó los cobros que la Tesorería General de la República (TGR) inició a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), asegurando que hubo “muchos avisos previos” y que se priorizó a los de mayores ingresos. En entrevista con Canal 13, la secretaria de Estado afirmó que la morosidad actual hace que el financiamiento de la educación superior sea insostenible: solo el ajuste para mantener operativa la gratuidad requiere entre 200 y 300 millones de dólares anuales, recursos que podrían destinarse a jardines infantiles. Arzola detalló que antes de llegar a embargos o descuentos directos, los deudores tuvieron oportunidades de regularizar su situación mediante convenios. “Nadie quiere llegar a este tipo de instancias, pero es importante hacer cumplir la ley”, sostuvo. La ministra también subrayó que el cobro se ha aplicado primero a personas con ingresos más altos y que se irá bajando progresivamente, instando a los de menores recursos a pagar a tiempo para evitar medidas extremas. En paralelo, Arzola se refirió a la Ley de Escuelas Protegidas, recientemente aprobada pero que enfrenta requerimientos ante el Tribunal Constitucional. Lamentó que estas acciones dilaten herramientas que los colegios necesitan con urgencia ante la gravedad de la violencia, el narcotráfico y el porte de armas en los establecimientos.
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