Tres asesoras del exdiputado Joaquín Lavín declararon en abril pasado, días antes de su formalización por tráfico de influencias, fraude al fisco y falsificación de instrumento privado mercantil. Según la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, los ilícitos habrían generado un perjuicio superior a los $220 millones. Las trabajadoras reconocieron el uso de la plataforma SocialTazk para campañas políticas, una aplicación desarrollada por el programador Felipe Vázquez —coimputado que enfrenta extradición desde España— y pagada con asignaciones parlamentarias destinadas al trabajo legislativo. La defensa del exdiputado, quien permanece en prisión preventiva, sostiene que las declaraciones fueron obtenidas tras exhibir información parcializada a las mujeres. No obstante, la fiscalía busca ampliar el desafuero de Lavín para sumar delitos electorales, entre ellos la comercialización del padrón electoral. Además, se investiga la contratación de dos asesores que no cumplían funciones parlamentarias. El caso expone el uso de recursos públicos para fines electorales, un hecho que podría reconfigurar los límites del financiamiento político en Chile. La eventual extradición de Vázquez y la ampliación del desafuero marcarán los próximos pasos judiciales, con impacto directo en la rendición de cuentas del Congreso.
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