La suspensión del suministro de gas natural argentino a las regiones de Biobío y Ñuble ha encendido las alarmas políticas y expuesto la vulnerabilidad energética de la zona. El corte, que comenzó el jueves 3 de abril de 2026 sin fecha de restablecimiento, ocurrió porque el gasoducto detectó parámetros fuera de la normativa chilena, lo que obligó a cerrar una válvula en la frontera por razones de seguridad, según confirmó tanto la empresa Innergy Soluciones Energéticas como el Ministerio de Energía. La reacción política fue inmediata y dividida. Desde la oposición, el diputado socialista Antonio Rivas solicitó la presencia de la ministra de Energía, Ximena Rincón, en la Comisión de Energía del parlamento para exigir respuestas y planes de contingencia. Mientras, diputados oficialistas como Cristóbal Martínez (UDI) intentaron calmar las aguas, señalando que el suministro residencial no debería verse afectado inmediatamente gracias a los sistemas de respaldo industriales, aunque admitieron la dependencia externa de las regiones. El impacto trasciende lo político: alcaldes de la zona alertaron sobre posibles efectos en el costo de vida. José Miguel Muñoz, alcalde de Mulchén, advirtió que aunque el abastecimiento para familias esté asegurado, siempre existe el riesgo de alzas o complicaciones adicionales que afectarían a la provincia.
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