El Gobierno chileno enfrenta una carrera contra el tiempo para definir cómo pagar una deuda eléctrica acumulada, tras postergar hasta julio el inicio del cobro a los hogares, pero con el riesgo de que los intereses sobre ese pasivo ya comenzaron a correr desde el 1 de abril. La ministra de Energía, Ximena Rincón, señaló que están trabajando ‘lo antes posible’ para encontrar una fórmula que minimice el impacto en los bolsillos de los consumidores, reconociendo que la deuda incluye un ‘componente alto de intereses’ por no haber actualizado oportunamente el Valor Agregado de Distribución (VAD) en años anteriores. Las autoridades, tras reuniones con parlamentarios, empresas y técnicos, optaron por frenar el alza inmediata de las cuentas de luz, priorizando un mecanismo que aborde la deuda ‘con el menor impacto posible para la ciudadanía’. Rincón enfatizó que el Ejecutivo no pretende usar todo el plazo disponible hasta julio, y el subsecretario Briones reforzó que el tema es la ‘prioridad número uno’ del ministerio, con avances relevantes en el diseño del mecanismo, aunque sin detalles concretos sobre alternativas como subsidios. Este aplazamiento tiene implicaciones directas para los consumidores, quienes finalmente cargarán con el pago de la deuda, y para la estabilidad tarifaria del sector eléctrico.
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