El Gobierno de José Antonio Kast enfrenta un complejo escenario para cumplir su promesa de expulsar a 300.000 migrantes irregulares, ya que el 65% de las más de 46.000 órdenes de deportación corresponden a ciudadanos venezolanos. Sin embargo, la relación bilateral con Venezuela está suspendida desde enero de 2025, lo que impide las repatriaciones masivas. Desde La Moneda, Kast ha insistido en restablecer los lazos con Caracas para que “Venezuela abra la posibilidad de recibir a sus propios compatriotas”. La ruptura diplomática se oficializó el 7 de enero de 2025, tras la salida del exembajador Jaime Gazmuri durante el gobierno de Gabriel Boric y la posterior cancelación de los consulados chilenos en Venezuela por orden de Nicolás Maduro. Según el Servicio Nacional de Migraciones, el 75% de los indocumentados en Chile son venezolanos. De las 46.000 órdenes de expulsión vigentes, alrededor del 65% corresponden a esa nacionalidad. La meta gubernamental de expulsar a 300.000 personas requiere, por tanto, de un acuerdo con el régimen de Maduro, que hasta ahora no ha mostrado disposición a recibir deportados.
Síguenos en:
Suscríbete al boletín:
Suscribete Gratis
