El diputado de Renovación Nacional (RN) Mauro González solicitó al ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, dar urgencia a un proyecto de ley que busca sancionar a quienes lucran con la explotación sexual de terceros. La iniciativa, presentada el 6 de junio, cobró relevancia tras revelarse que organizaciones como el Tren de Aragua utilizan el comercio sexual como fuente de financiamiento. El proyecto propone penalizar la obtención de beneficios económicos de la explotación sexual, incluso con consentimiento, y castigar a quienes faciliten esta actividad mediante plataformas digitales, aplicaciones o inmuebles. Además, aumenta las penas por difusión no consentida de imágenes íntimas vinculadas a servicios sexuales e incorpora la explotación económica del comercio sexual como delito base para perseguir el lavado de activos. Según González, el objetivo es cerrar un vacío legal que impide perseguir a quienes se benefician de la explotación sexual. Citó al fiscal Barros, quien señaló que el comercio sexual en Chile financia el crimen organizado. «Tenemos que atacar el crimen organizado por todas las áreas, y especialmente donde más les duele, que es su fuente de financiamiento», afirmó el diputado. La medida busca debilitar las finanzas del crimen organizado, siguiendo la ruta del dinero. La urgencia solicitada al Ejecutivo podría acelerar su tramitación en el Congreso, en un contexto donde la seguridad pública es prioridad.
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