El Senado de Bolivia aprobó un proyecto para derogar la Ley de Estado de Excepción, vigente desde 2020, que imponía límites temporales, requisitos formales y supervisión parlamentaria al Ejecutivo para decretar medidas extraordinarias, incluido el despliegue de las Fuerzas Armadas. La decisión se tomó en Sucre mientras La Paz y otras regiones enfrentan tres semanas de bloqueos, enfrentamientos y tensiones entre el gobierno, organizaciones sociales y sectores cívicos. La iniciativa, que ahora debe ser ratificada por la Cámara de Diputados, fue respaldada por la mayoría en el Senado, aunque el debate evidenció divisiones. Quienes apoyaron la derogación argumentaron que busca evitar excesos y proteger garantías constitucionales. En contraste, el Comité pro Santa Cruz instó al presidente Rodrigo Paz a decretar un «estado de excepción sectorizado» para desbloquear carreteras, mientras sindicatos y organizaciones sociales advierten que esa figura podría profundizar la violencia. En paralelo, la Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto y Provincias emitieron un comunicado conjunto exigiendo el cese de la violencia tras enfrentamientos del sábado en la carretera La Paz-Oruro y en El Alto, donde el gobierno desplegó policías y militares. Las organizaciones reportaron un fallecido, heridos y denuncias de vulneraciones a derechos humanos, y lamentaron que el diálogo no se haya concretado.
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