El Ministerio de Justicia, liderado por Fernando Rabat, ejecutó el recorte del 3% del erario exigido por Hacienda, pero el ajuste no fue parejo. Mientras Gendarmería —la institución de mayor presupuesto— sufrió una reducción de apenas 2,4% ($17 mil millones), la Subsecretaría de Derechos Humanos, a cargo de Pablo Mira (RN), perdió un 9,2% de sus fondos, equivalentes a $870 millones. La Contraloría ya tomó razón del decreto de la Dirección de Presupuestos (Dipres) que oficializa la baja. El recorte total en la cartera alcanzó casi $39 mil millones, dentro de una reducción global de $46 mil millones que busca resguardar servicios esenciales. Sin embargo, el golpe a la Subsecretaría de DD.HH. se concentra en partidas clave: $519 millones menos para sitios de memoria (transferencias corrientes), $280 millones en transferencias de capital para el mismo concepto y $65 millones menos para el Programa de DD.HH. En contraste, la Defensoría Penal Pública perdió $2 mil millones y el Servicio Médico Legal, $1.600 millones. El desbalance evidencia que, pese a la promesa de proteger áreas sensibles, la subsecretaría más pequeña en presupuesto cargó con la mayor proporción de ajuste. La decisión ocurre en un contexto donde Gendarmería avanza en su traspaso al Ministerio de Seguridad, lo que pudo haber blindado sus recursos. Para la Subsecretaría de DD.HH., el recorte implica una merma significativa en programas de memoria y derechos humanos, justo cuando el gobierno enfrenta críticas por prioridades fiscales.
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