El término de los primeros contratos de concesión de autopistas en Chile ha desatado una controversia: si la inversión en infraestructura ya fue recuperada, ¿por qué los peajes no se reducen a cubrir solo operación y mantenimiento? El biministro de Obras Públicas y Transportes, Louis de Grange, defendió que las carreteras mantienen un valor económico incluso después de amortizada su construcción, comparándolas con un departamento arrendado cuya hipoteca ya se pagó. «Una autopista debe ser administrada considerando no solo sus gastos operacionales, sino también la rentabilidad social asociada a su uso alternativo», señaló, aunque reconoció que es legítimo debatir el nivel de las tarifas cuando superan el crecimiento salarial. El excandidato presidencial Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario, cuestionó la postura del ministro. En una columna en El Mercurio, sostuvo que cobrar una renta sobre un bien público equivale a un «impuesto encubierto» y que el Estado podría recaudar hasta $2,7 billones por esta vía. «El tag debe financiar la conservación de las carreteras, no transformarse en una fuente permanente de recaudación fiscal», afirmó. La discusión se intensifica en rutas sin alternativas, donde el peaje se vuelve un costo obligatorio de movilidad.
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