La mayoría oficialista en el Senado, que permitió al Gobierno de José Antonio Kast aprobar la idea de legislar el proyecto de Reconstrucción con 26 votos, enfrenta una amenaza judicial que podría reducir su margen. El senador Miguel Ángel Calisto (Ind-Demócratas), uno de esos respaldos, fue imputado por fraude al fisco y fraude de subvenciones, con una solicitud de desafuero ya presentada ante la Corte de Apelaciones de Coyhaique. Aunque el Ejecutivo celebró la votación del miércoles, la estabilidad de su coalición legislativa pende de un hilo judicial. El artículo 7° de la Ley Orgánica del Congreso establece que los senadores suspendidos por desafuero no se cuentan para el quórum ni las mayorías. Así, si Calisto es desaforado, la mayoría absoluta bajaría de 26 a 25 votos, y el oficialismo mantendría 25 sobre 24 de la oposición. Sin embargo, el panorama se complica con otros dos parlamentarios afines al Gobierno: Camila Flores (RN) y Alejandro Kusanovic (IND), ambos bajo investigación judicial. Flores es indagada por un presunto fraude al fisco de $300 millones, y Kusanovic enfrenta una denuncia por devolución forzada de sueldo. Si sus casos escalan, el oficialismo podría perder hasta tres votos clave. El tiempo es incierto. En un caso previo, el desafuero de Calisto como diputado se resolvió en 38 días en primera instancia y 94 días en total. Pero ahora, sin plazos definidos, el Ejecutivo debe navegar entre la urgencia legislativa y la fragilidad de sus apoyos. La pregunta es si la agenda de Kast podrá sostenerse mientras los tribunales deciden el futuro de sus aliados.
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