“Debieron haber quedado en prisión preventiva desde el inicio”, fue lo primero que señaló la Ministra del Interior, Carolina Tohá, tras abordar la decisión del Juzgado de Garantía de Ovalle, de conceder libertad bajo fianza a los integrantes de una organización criminal, acusados de poseer 1.600 kilos de marihuana procesada, armas de fuego y $280 millones en efectivo. Tras el exitoso operativo realizado por la PDI, 23 personas fueron detenidas incautándose además de la droga, dos revólveres, una escopeta y una subametralladora. Lo insólito del hecho, es que a pesar de estos antecedentes, el juez Luis Muñoz Caamaño decidió imponer una fianza de $2 millones para cada uno de los detenidos, medida que ha generado controversia por los riesgos que implica para la seguridad pública. Al respecto, la Ministra Tohá criticó duramente la decisión del magistrado afirmando que “la Fiscalía ya ha apelado y afortunadamente la apelación fue acogida, por lo que los imputados deberán volver a prisión preventiva”. La jefa de gabinete recalcó lo extraño de esta medida, entendiendo que “estas personas están claramente vinculadas a delitos graves, y la presencia de armas es un indicador categórico de la violencia con la que operan”. La ministra también informó que los equipos jurídicos del Gobierno están evaluando solicitar la inhabilitación del juez Muñoz.
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