El fiscal nacional Ángel Valencia se vio obligado a regularizar una deuda universitaria que arrastraba desde 2004, pero solo después de que la prensa lo contactara para consultarle sobre el caso. Esta situación expone una tensión creciente entre la transparencia pública y las obligaciones financieras de altos funcionarios del Estado, justo cuando el gobierno anunció medidas para cobrar deudas educativas. Una investigación periodística reveló que Valencia y más de 30 altos funcionarios del Congreso y Contraloría figuraban como deudores del Fondo Solidario de Crédito Universitario. El fiscal nacional inicialmente aparecía con una deuda de 218 UTM ($15.220.000), pero presentó un comprobante que mostraba un monto de 75,51 UTM ($5.277.318), el cual pagó el 10 de abril de 2026, días antes de la publicación del reportaje. Valencia argumentó que la diferencia correspondía a intereses y que su deuda real era menor. El caso del fiscal nacional se enmarca en un problema más amplio: de 342 mil deudores del sistema de créditos universitarios, unos 17 mil son funcionarios públicos. Esto plantea cuestionamientos sobre la responsabilidad fiscal de quienes ocupan cargos de autoridad y la coherencia entre sus obligaciones personales y su función pública, especialmente cuando el Estado busca recuperar recursos del sistema educativo.
Síguenos en:
Suscríbete al boletín:
Suscribete Gratis
