Un proceso de quiebra solicitó a la justicia la Fundación Urbanismo Social, institución que está siendo investigada por la Fiscalía y la PDI, por el Caso Convenios. Así lo anunció Camila Ramírez, representante legal de Urbanismo Social, quién justificó la medida argumentando que el ente “tiene deudas cuantiosas, que superan con creces su muy escaso patrimonio”. La timonel de la fundación, afirmó en el escrito presentado ante la justicia, que “por la nula capacidad económica de la entidad, se hace insostenible su situación actual, por lo que se ve en la obligación de presentar su liquidación voluntaria”. Ramírez señaló en el proceso de quiebra solicitado, que “tras hacer público el Caso Convenios, en julio del 2023, se produjo un cambio sustancial en la manera en que hasta la fecha se ejecutaban las colaboraciones público-privadas en el sector vivienda, resultando dañada no solo la imagen de “Urbanismo Social”, sino también sus ingresos”. La Fundación Urbanismo Social es investigada por haber recibido recursos públicos de parte de distintas instituciones del Estado, vía trato directo. Las seremis de Vivienda y Urbanismo del Maule y Biobío son indagadas Ministerio Público por estos acuerdos.
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