Las elecciones generales en Perú se desarrollan bajo una sombra de crisis institucional, mientras el organismo electoral enfrenta una denuncia penal por graves fallas que afectaron el derecho al voto de miles de ciudadanos. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) admitió que la demora en la distribución del material en colegios del sur de Lima ‘afectó el ejercicio del derecho al sufragio’, tras lo cual el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) presentó una denuncia penal contra el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, y otros tres funcionarios por delitos contra el derecho de sufragio y obstaculización del acto electoral. Los incidentes obligaron a medidas sin precedentes: en 13 colegios del sur de Lima, donde más de 52.000 votantes se vieron afectados, los comicios se suspendieron el domingo y se reprogramaron para el lunes, mientras en otros locales los electores esperaron hasta cinco horas para votar. Con el 65% del conteo oficial, Keiko Fujimori del partido Fuerza Popular lidera con 16,9%, seguida por Rafael López Aliaga de Renovación Popular con 13,4% y Jorge Nieto del Partido del Buen Gobierno con 12,3%. La situación expone la fragilidad del sistema político peruano, donde ocho jefes de Estado han pasado por la presidencia en la última década, en un contexto de constante inestabilidad.
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