Marcelo Trivelli
Fundación Semilla
Al entrar a la sala de control de identidad para salir de Hong Kong con destino a China se pueden observar decenas de cámaras de video vigilancia. Más cámaras en la estación y al interior del tren. Una vez en la ciudad de destino uno se olvida de su presencia aun sabiendo que existen millones para apoyar la gestión de diversos sectores de la sociedad como seguridad, tráfico, logística, salud y educación entre muchos otros.
También son uno de los elementos claves en el sistema de evaluación social en China, conocido como Sistema de Crédito Social, que es una iniciativa gubernamental destinada a calificar el comportamiento y la confianza de individuos, empresas y organizaciones, el cual abordaré en una futura columna de opinión.
En nuestro país, con la promesa de reducir la delincuencia y aumentar la seguridad, las cámaras de vigilancia se han convertido en actores omnipresentes, en especial en las ciudades. El impacto de las cámaras de vigilancia en la lucha contra la delincuencia es indiscutible, permiten identificar sospechosos, reconstruir escenas de crímenes y recopilar evidencia clave. Y en el sistema carcelario permite mantener la vigilancia sin contacto entre gendarmes y la población penal.
Además, su simple presencia genera seguridad para los ciudadanos, quienes se sienten respaldados por un sistema que los protege, pero sobre todo que ahuyenta la delincuencia ante la posibilidad de ser grabados e identificados.
La otra cara de la moneda es la intrusión en la privacidad de las personas y el mal uso que pueden hacer quienes administran los sistemas de vigilancia. Muchos se oponen a su instalación masiva argumentando que atenta contra el derecho a la privacidad, pero no nos damos cuenta que ya hemos autorizado a las redes sociales para hacer seguimiento de nuestra navegación por los buscadores de internet, nuestra geolocalización y la escucha de nuestras conversaciones. Se dice que las empresas de RRSS saben mucho más de nosotros que nosotros mismos.
El dilema entre seguridad y privacidad no tiene una solución sencilla, pero debe abordarse para encontrar un equilibrio que respete ambos valores. Contar con un marco jurídico sólido, con leyes claras y estrictas sobre el uso y almacenamiento de datos recolectados por cámaras enfrentaría los riesgos del uso indebido. La transparencia también es crucial: la ciudadanía tiene derecho a saber cuándo, dónde y en qué consiste la vigilancia a la que están siendo expuestos.
Las cámaras de vigilancia, al igual que toda tecnología, son una herramienta y no un fin en sí mismo. Su uso debería estar guiado por principios éticos que prioricen el bienestar de las personas y quien mejor para evaluarlo que las mismas personas.
El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de Publimicro.
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