El reciente fallo del Tribunal Constitucional (TC) contra cuatro artículos del proyecto Escuelas Protegidas ha generado incertidumbre entre los sostenedores de colegios, quienes descartan instalar pórticos detectores de metales mientras persistan dudas sobre el marco regulatorio. El proyecto nació tras el fatal ataque de un escolar de Calama contra profesores y estudiantes, y aunque el rechazo no afecta directamente la norma que autoriza estos dispositivos, dejó en vilo la aplicación de las nuevas reglas de seguridad. La Ley de Convivencia Escolar (N° 21.809), que está próxima a entrar en vigencia, permite a los sostenedores, previo acuerdo con la comunidad educativa, implementar recursos tecnológicos para detectar armas o artefactos incendiarios. Sin embargo, el fallo del TC ha sembrado dudas sobre la implementación de estas medidas, justo cuando la ley busca reforzar la seguridad en los establecimientos. Para los sostenedores, la falta de claridad jurídica retrasa cualquier inversión en equipos como pórticos, que implican costos y coordinación con las comunidades. La decisión de instalar o no estos dispositivos queda en suspenso hasta que se aclare el panorama legal, lo que afecta directamente la protección de estudiantes y personal escolar en un contexto de creciente violencia.
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