Un proceso clave para modificar el sistema de tierras del pueblo mapuche terminó en suspensión, dejando una factura millonaria y una obligación de restitución que tensa las finanzas públicas y la confianza en la gestión estatal. El Gobierno confirmó que gastó $389 millones en íntegramente 71 reuniones realizadas en la Macrozona Sur entre el 13 de agosto y el 29 de septiembre de 2025, con una participación de solo 3.625 personas mapuche, muy por debajo de lo esperado. El contrato con la empresa Ditecsur Limitada, adjudicada mediante licitación con un presupuesto inicial de más de mil millones de pesos, finalizó el 31 de diciembre, obligando al Ministerio de Desarrollo Social a devolver más de $600 millones no utilizados a las arcas fiscales. El abogado Fabián Salas, encargado del seguimiento de propuestas de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, precisó la necesidad de esa restitución, mientras el dirigente Danko Marimán, del Trawun de comunidades de Temuco, criticó el despilfarro en un proceso que calificó de fracasado. La Unidad de Coordinación de Asuntos Indígenas señaló que, aunque ya no hay recursos disponibles, administrativamente se podría reactivar la consulta y realizar una nueva licitación, lo que abre la puerta a más gastos futuros.
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