La Contraloría General de la República (CGR) descubrió un sistema de otorgamiento de licencias de conducir plagado de irregularidades en las municipalidades de La Granja y San Ramón, donde presos y deudores de pensiones alimenticias obtuvieron permisos que legalmente no deberían tener. La investigación revela fallas estructurales que comprometen la seguridad vial y la integridad de los procesos administrativos municipales. En La Granja, se identificaron más de 800 licencias entregadas con problemas, incluyendo tres a personas privadas de libertad y 83 a deudores de alimentos con deudas vigentes que superan los 700 millones de pesos. Además, funcionarios municipales intervinieron en trámites para familiares, aprobando evaluaciones y autorizando licencias. En San Ramón, se otorgaron 73 permisos a condenados y 55 a deudores de alimentos, muchos sin cumplir requisitos básicos como evaluaciones médicas y psicosensométricas. Estas irregularidades no solo violan la Ley de Tránsito, que exige evaluaciones presenciales, sino que exponen a la ciudadanía a riesgos de seguridad vial al permitir que personas sin las condiciones necesarias conduzcan. La CGR iniciará sumarios administrativos para determinar responsabilidades y ya remitió los antecedentes al Ministerio Público, lo que podría derivar en acciones legales contra los involucrados.
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